23 de enero, 2012 - La
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy a las
autoridades de Estados Unidos a investigar las denuncias de tortura y
otros atropellos de las garantías fundamentales en la prisión de
Guantánamo e instó al Congreso de ese país a tomar medidas para el
cierre de esas instalaciones.
En un comunicado, Navi Pillay señaló que las leyes
internacionales ordenan una “investigación amplia y sistemática de
todas las acusaciones de presuntas violaciones graves de los derechos
humanos” perpetradas en esa cárcel.
Por otra parte, Pillay lamentó que tres años después de que el Ejecutivo estadounidense ordenara su cierre en un plazo de doce meses, la prisión de Guantánamo permanezca abierta y haya afianzado un sistema de detenciones arbitrarias que violan el derecho internacional.
Agregó que la nueva Ley de Autorización de la Defensa Nacional, promulgada en diciembre de 2011, alejó más la clausura de Guantánamo puesto que regulariza las detenciones militares sin cargos ni juicios.
La experta reconoció el derecho de los Estados a proteger a su población de actos terroristas, pero subrayó que cuando exista evidencia, los sospechosos deben ser procesados y sentenciados de acuerdo con la ley, y cuando no, deben ser liberados.
El portavoz de Pillay, Rupert Colville, indicó que no se puede ignorar la ley ni se les puede negar a los detenidos un juicio justo y consideró que, en tanto se logra el cierre de la prisión, las autoridades estadounidenses deben garantizar el respeto de los derechos humanos en ese centro.
“Una muestra de la falta de cumplimiento de ese principio ha sido no permitir a los expertos independientes observar las condiciones de detención y no dejar a los relatores especiales de la ONU conversar en privado con los detenidos”, dijo.
Por otra parte, Pillay lamentó que tres años después de que el Ejecutivo estadounidense ordenara su cierre en un plazo de doce meses, la prisión de Guantánamo permanezca abierta y haya afianzado un sistema de detenciones arbitrarias que violan el derecho internacional.
Agregó que la nueva Ley de Autorización de la Defensa Nacional, promulgada en diciembre de 2011, alejó más la clausura de Guantánamo puesto que regulariza las detenciones militares sin cargos ni juicios.
La experta reconoció el derecho de los Estados a proteger a su población de actos terroristas, pero subrayó que cuando exista evidencia, los sospechosos deben ser procesados y sentenciados de acuerdo con la ley, y cuando no, deben ser liberados.
El portavoz de Pillay, Rupert Colville, indicó que no se puede ignorar la ley ni se les puede negar a los detenidos un juicio justo y consideró que, en tanto se logra el cierre de la prisión, las autoridades estadounidenses deben garantizar el respeto de los derechos humanos en ese centro.
“Una muestra de la falta de cumplimiento de ese principio ha sido no permitir a los expertos independientes observar las condiciones de detención y no dejar a los relatores especiales de la ONU conversar en privado con los detenidos”, dijo.
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=22531
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